¿HASTA QUÉ PUNTO ES NICARAGUA UNA DEMOCRACIA?

Jaume Mateu

Las elecciones generales de febrero de 1990 constituyen un punto de inflexión en la historia política de Nicaragua. Con el triunfo de la Unión Nacional Opositora (UNO) y la pérdida del poder gubernamental por parte de los sandinistas, finaliza el primer periodo de transición hacia la democracia conocido con el nombre de la Revolución Sandinista (1979-1990). Se va abrir entonces una nueva etapa, caracterizada por el desarrollo de las negociaciones de paz, la transición de un modelo econòmico de tendencia socialista hacia una economía de libre mercado y el mantenimiento de partidos políticos de carácter liberal en el gobierno. Los sandinistas no van a recuperar el poder en las instituciones hasta el 2006, cuando el expresidente Daniel Ortega vuelva a ganar las elecciones.

Mucho ha ocurrido desde el derrocamiento del régimen de los Somoza hasta hoy, y visto en retrospectiva, es indudable que se ha producido un avance en el proceso democratizador iniciado por aquel entonces. Sin embargo, muchos grupos e instituciones argumentan que el desarrollo de este proceso ha sido insuficiente, y se refieren a una serie de carencias en lo que afecta a derechos políticos y libertades civiles de los ciudadanos que, en su opinión, impiden que hablemos de Nicaragua como un régimen plenamente democrático.

Con el objetivo de responder a la pregunta de si es Nicaragua una verdadera democracia, podemos recurrir a unos índices de clasificación de regímenes políticos ampliamente usados por la politología, que si bien no son absolutamente objetivos, tratan de utilizar criterios imparciales para discernir si un Estado es o no democrático.

El índice Democracy - Dictatorship (DD) es dicotómico y rechaza la existencia de regímenes semidemocráticos. Para los que lo desarrollaron, un Estado es democrático o no lo es: la democracia no es algo gradual. Según los criterios de este índice para determinar si un Estado es democrático, Nicaragua es una democracia desde el 1984 (las primeras elecciones de la transición) hasta la actualidad. La justificación para llegar a esta conclusión es que, desde 1984, en Nicaragua (1) el jefe del Ejecutivo ha sido elegido directa o indirectamente en las elecciones, (2) el legislativo ha sido elegido en elecciones directas, (3) se da la existencia de más de un partido y (4) siempre se ha dado una alternancia en el poder tras, al menos, dos legislaturas (4.1.), y bajo las mismas reglas electorales que llevaron el ejecutivo al poder (4.2). A pesar de ello, si en las próximas elecciones generales de 2016 el Frente Sandinista de Liberación Nacional vuelve a ganar las elecciones, Nicaragua será un régimen dudoso, ya que no se cumplirá la cuarta condición de alternancia del partido en el poder tras dos legislaturas, y se pondrá en duda la posibilidad de la alternancia. Además, la reforma de la Constitución de 2014, criticada con frecuencia por conceder más poderes al ejecutivo, haría que no se cumpliese la segunda premisa de la cuarta condición. Así pues, si los sandinistas se mantuvieran en el poder después de los siguientes comicios, Nicaragua no sería un caso dudoso desde el 2016, sino desde el 2014 (cuando se llevó a cabo la reforma de la Constitución).
 
Si atendemos a otros índices que sí aceptan la existencia de regímenes híbridos, podemos comparar el índice Polity IV y el de Freedom House. Según el primero, Nicaragua pasaría de ser un régimen híbrido con bastantes elementos autoritarios a finales de los ochenta, a ser un régimen ya democrático pero cercano aún a los regímenes híbridos a partir de 1990, mejorando progresivamente su situación hasta alcanzar en 2007 una puntuación de 9 en un rango donde 10 sería una democracia de lo más consolidada y -10 un régimen autocrático sin ningún tipo de libertades. El índice de Freedom House, en cambio, todavía no acepta que Nicaragua pueda ser considerada una democracia. Si bien es cierto que con la entrada de los 90 reconoce una mejora en la situación democrática del país, a lo largo de esta década y los primeros quince años del siglo actual registra oscilaciones en el grado de democracia en Nicaragua que clasificarían el país como una “dictablanda” o una “democradura”, por así llamarlo. Tan solo en 1998 se clasifica Nicaragua como una democracia, pero enseguida vuelve a la categoría de países “parcialmente libres” (es decir, semidemocráticos).

 

Es difícil conocer por qué clasifican de forma diferente índices como Polity IV y Freedom House a Nicaragua, ya que no son especialmente claros o transparentes en el momento de justificar las puntuaciones asignadas a las distintas variables que componen sus indicadores. En el único informe disponible en internet de Polity IV (enlace), se puntúan las variables estudiadas con notas generalmente buenas. En cambio, si atendemos a las distintas variables que analiza Freedom House en los últimos años (este enlace, por ejemplo), las puntuaciones son más bien mediocres, y algunas francamente malas (en el reporte de 2015, la libertad de expresión recibe una nota de 12 sobre 16, siendo 16 la peor possible).

Resulta complicado llegar a una conclusión por lo que respecta a la cuestión de hasta qué punto se ha consolidado la democracia en Nicaragua, puesto que incluso índices con criterios teóricamente imparciales evalúan de forma considerablemente distinta su situación. En cualquier caso, podríamos establecer que de forma general la democracia en Nicaragua ha mejorado en comparación con sus primeros días, si bien es cierto que todavía es necesario avanzar en muchos aspectos para llegar a la misma situación que las democracias más consolidadas del planeta. Es necesario mejorar en asuntos como la libertad de prensa o los límites al poder político, por ejemplo. A su vez, sin embargo, cabe reconocer que la situación no es tan tensa como a principios de los 90: el conflicto entre nicaragüenses derivado de la guerra civil, por ejemplo, se ha apaciguado notablemente, y la cultura democrática ha arraigado considerablemente entre la población.